Las autoridades públicas no quieren escuchar.

Ya pasaron los primeros actos de indignación pública bajo un mensaje claro de renovación o profundización democrática, de oposición a que la mafia financiera internacional sea la que maneje los hilos de la política a sus únicos intereses, de igualdad, de participación ciudadana, de desprofesionalización de la política, de total intolerancia hacia la corrupción y los manejos de intereses particulares por encima de los colectivos en los puestos de toma de decisiones, … seguramente podría recoger algún otro principio general de los planteados por los ciudadanos “indignados”.

Es de alucinar que en una democracia un número nada despreciable de ciudadanos, que a ojos vista tienen la aprobación y la complicidad de otros muchos miles de ciudadanos y ciudadanas, planteen tan claramente una reclamación pública y la clase política mire para otro lado. De alucinar.

Tomemos un solo ejemplo, aunque significativo y analicemos la norma y la realidad. Sobre participación ciudadana en la política, el índice analítico de la Constitución del Congreso recoge dos entradas: Título preliminar, Artículo 6

    Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Y en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo segundo. Derechos y libertades. Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 23.

  1. 1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

En sólo 33 años, qué vieja se ha vuelto la realidad. Si nos quedáramos en la enunciación e interpretación literal de estos asertos de la Constitución, nuestros actuales partidos son anticonstitucionales. Desde el principio: No expresan hoy una pluralidad política, hay un pensamiento único: dinero; no ayuda en nada, más bien al contrario, a la formación y mucho menos a la manifestación de la voluntad popular. Y no son instrumento alguno de la participación política de los ciudadanos, sino angostas y tortuosas estructuras de poder, donde se asciende sólo con el beneplácito de los padrinos, del superior, del poderoso de turno. La fidelidad, el borregueo, se convierte así en la primera condición para ascender. ¿Son estos los cauces de participación ciudadana en la política que los partidos, por mandato constitucional, deben promover?

Y la guinda del Título preliminar:  “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”  Es penoso, pero parece de risa. De un análisis científico social del funcionamiento de los partidos políticos, muy especialmente los que se han erigido en bipartidocracia, se podría deducir cualquier cosa del funcionamiento interno de los partidos, menos que es democrático. O redefinamos qué significa democrático. En realidad son dictaduras de los secretarios generales y los órganos colegiados bajo su control, donde tampoco se permite la discrepancia. Sin choque de ideas: pensamiento único. ¿Quién-es otorgan las candidaturas? ¿con qué criterios? Los míos primero. Y de remate se inventa un modus operandi dictatorial en la propia Sede de la soberanía popular, el Parlamento, que se llama así para que las autoridades públicas hablen y busquen juntos lo mejor para su pueblo, donde si tras una consulta hay que votar en un sentido u otro que alumbren las consultas, no se puede: “disciplina de voto”. La milk.

La disciplina de voto significa que ustedes, Sres. y Sras. parlamentarios se pueden ir a sus casas, puesto que si las propuestas se van a votar por “disciplina de voto” pues contamos los que tiene usted y los demás, y con uno que diga qué vota, vota con un voto ponderado (por ejemplo del 22,34 por ciento, según sus votos) a cada propuesta y todos a casa, otro dineral que nos ahorramos, más el lamentable espectáculo del paripé a que nos tienen acostumbrados en el teatro de la Casa de la Soberanía Popular.

Sobre el Título I, el artículo reconoce el derecho inalienable de los ciudadanos a la participación política directa o por medio de representantes. La “o” no debería ser de incompatibilidad. Y, en todo caso y si se puede, la primera es evidentemente preferente a la segunda, es más democrática. Cuando se redactó la Constitución los medios tecnológicos no permitían el conocimiento directo, casi en tiempo real, que hoy permiten las nuevas (cada vez menos nuevas) tecnologías y medios de comunicación de la voluntad popular.

El punto 2 es el acabose del finalizose, los ciudadanos y ciudadanas “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Me da un patatús. En condiciones de igualdad a los cargos públicos … justo la finca, el castillo, el poder en la mano, para mis fieles. Unanimidad en las decisiones, en un mundo cada vez más diverso, pensamiento único, carrera política única (alabar al poderoso y pisar al de debajo), recoger prebendas, acumular cargos y personas de confianza (en igualdad de condiciones).

Si los representantes políticos siguen mirando para otro lado, no sólo es que les ha pasado la ola de la historia por encima y no se han enterado, es que no quieren soltar las prebendas, los privilegios, los sueldos y trapicheos que su forma de ejercer el poder les provee. Estamos hartos. Queremos cambios ya.

Sr. Zapatero, Sr. Rubalcaba, Sra. Chacón, … bueno lo intentaré: Sr. Rajoy, y demás, pónganse unos vaqueros y una camiseta, denle el día al chófer, y acérquense a los muy noviolentos grupos que se reúnen estos días en las plazas y escuchen. Escuchen atentamente. Por si quieren seguir en el poder, ese es el presente, no el futuro.

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